La corrupción es la asignación de bienes o servicios públicos para lograr un beneficio en perjuicio de alguien. Se produce en un contexto de debilidad institucional caracterizado por la falta de una acción conjunta y coherente de los organismos gubernamentales.

Consecuentemente, el objetivo central de la Política Estatal Anticorrupción (PEA) consiste en coordinar a las instituciones públicas en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción; así como en el control y fiscalización de los recursos públicos. Ello plantea un nuevo paradigma en el que las instituciones públicas de todos los poderes y niveles de gobierno deben colaborar para romper la conexión entre los funcionarios corruptos y sus fuentes de ingresos ilegítimas. Deben realizarlo de manera ordenada y, dado el carácter endémico de la corrupción, deben sacar el mejor provecho de sus capacidades.

Publicación de la PEA en el Periódico Oficial del Estado